¿Cómo evitar regímenes autoritarios?
El neoliberalismo ha impactado el desarrollo de Latinoamérica con una lógica que ha estado marcada por la economía de mercado, en donde se desdibujan y se reducen los asuntos públicos a la producción y consumo. Este olvido de la dimensión política y el poco énfasis en la formación crítica (la cual se piensa más desde lo común y menos desde el individuo), ha traído consecuencias como las que ha expuesto el economista chileno Manfred Max Neef: el incremento de la inequidad, la sobreexplotación de los recursos y de las personas, la destrucción de ecosistemas y la persistencia de diversos conflictos a nivel global.
A pesar de esto, muchas de las injusticias de este modelo han sido denunciadas, puestas en el espacio público, rescatando uno de los principales principios de la democracia: la participación, entendida como la posibilidad de pensar, decidir y expresarse por medio de diferentes canales y haciendo uso de diversos mecanismos. Todo esto con el fin de incidir en las decisiones que se toman en un gobierno sobre asuntos que son de interés para una comunidad y en los que se busca el bienestar social.
Por eso, participar no solo consiste en votar, si no que se refiere a cualquier acción que un individuo o un grupo organizado de personas realice para incidir en lo público. La participación incluye estar en una protesta, hacer veeduría a algún funcionario gubernamental e, incluso, formar parte de una actividad comunitaria enfocada en temas colectivos. De este modo, el objetivo de la participación es poder redistribuir el poder hacia las ciudadanías.
Las piedras en el camino
Colombia no tiene una larga tradición en el ejercicio participativo de la democracia y en el decidir sobre los asuntos públicos, como lo ha presentado en varios informes la Misión de Observación Electoral, por ejemplo, temas como la elección de gobernantes locales, exigir el cumplimiento de los programas de gobierno o presentar iniciativas de orden ciudadano a los organismos legislativos, son acciones nuevas y no muy implementadas, incluso, muchos de los instrumentos para hacer veeduría ciudadana que están contemplados en la Constitución se desconocen.
Por otro lado, uno de los grandes obstáculos para materializar la participación, aparte del desconocimiento, es la estigmatización. El Estado y sus instituciones, especialmente el Gobierno, se han encargado de deslegitimar la protesta con denominaciones que confunden a la población, pues se etiqueta a esta forma de participación como una alteración al orden público o como una manifestación de grupos insurgentes. Por otro lado, lo que más preocupa son las acciones violentas frente a quienes participan de manera no convencional, es decir, quienes no emplean los canales institucionalizados o promovidos por las élites e instituciones.
En septiembre de 2021, la onegé Global Witness presentó un informe en el que concluyó que Colombia es el país más letal para los líderes ambientales, pues por motivo de sus luchas fueron asesinadas 65 personas en 2020. De igual manera, Idepaz registró en el primer semestre de este año 108 homicidios y 407 ataques a defensores de derechos humanos en el país, siendo Antioquia el departamento con más vulneraciones, según la Defensoría del Pueblo.
Otro de los aspectos que se ha convertido en un obstáculo para que los colombianos participen en las decisiones que los afectan y concierne, es la desconfianza. Según los resultados del estudio del Observatorio de la Democracia 2020, solo el 18% de los colombianos está satisfecho con el funcionamiento del sistema democrático en el país y la desconfianza en la tres ramas del poder público cada vez es más baja: apenas el 38 % confía en el Presidente, 26 % confía en el Sistema de Justicia y sólo 21 % en el Congreso.
A pesar de esto, las maneras no formales de participar se han convertido en manifestaciones claves de la ciudadanía que toman cada vez más fuerza y que contribuyen a poner sobre la mesa temas relevantes en los contextos sociales actuales, como sucedió en 2021 con el estallido social en el que se denunciaron aspectos como la presentación de una reforma tributaria injusta a raíz de la caída del PIB en el contexto de la pandemia, la pobreza y desigualdad que no permitían a las personas responder al alza de impuestos propuestas, la corrupción del sistema y la violencia policial. El problema es que muchas de estas agendas no se reflejan con la misma fuerza en las políticas públicas, de ahí la importancia que las demandas se formulen también dentro de los programas de los gobiernos y, por eso, la participación en materia electoral adquiere un carácter fundamental para poder elegir propuestas en las que estén incluidas las exigencias hechas.
Donde hay poder hay resistencia
Lo interesante es que en los últimos años la ciudadanía está más dispuesta a llevar sus reclamos a las calles del país y a pensar en lo público, a pesar de la ausencia de espacios claros para concertar, y de la falta de gobernabilidad que existe. Esto deja unos retos y abre unas posibilidades para pensar en las próximas elecciones y encontrar un candidato o candidata que sepa atender los llamados de la ciudadanía y no dejar avanzar, sin solución efectiva, el descontento y la indignación que existe hoy.
