La cooperación traspasa los barrotes

En la actualidad las políticas de seguridad, especialmente aquellas que se usan en los centros penitenciarios, están basadas en las lógicas del control en donde se aplican, principalmente, técnicas disciplinarias que no están verdaderamente pensadas para lograr la resocialización y reintegración de las personas a la sociedad, pues lo que se vive en las cárceles es un escenario de excepcionalidad frente a la vida que trascurre por fuera de los muros, como se plantea en el libro Reintegración y resocialización en Colombia coordinado por la PhD. en Derecho, Adriana María Ruiz.

Esta realidad, sumada a la crisis del sistema penitenciario en Colombia, genera que las vidas de la población privada de la libertad se vean desprovistas de cualificación lo que, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman describe como “vidas desperdiciadas, como resultados de las ideas de rechazo y exclusión, apalancadas por toda una industria securitaria serán, finalmente, los residuos humanos o víctimas colaterales del progreso”.

Lo anterior da cuenta de una situación que evidencia que las políticas securitarias no son la principal solución ante las problemáticas sociales pues estas se invisibilizan, se perpetúa la exclusión y se desvaloriza la vida humana:

Detrás de la lógica de la segregación, lo que hace la penología es retomar la cárcel-castigo para someter al cuerpo, sin importarle el alma del sujeto, lo que interesa es la arquitectura de la estructura y no la subjetividad de los seres humanos que la habitan, lo que atañe es la exclusión y no la inclusión social del condenado. - Adriana María Ruiz Gutiérrez (coord.)

Bajo esta lógica, muchos métodos que se usan en la cárcel frente a los internos tienen que ver, como dice el filósofo francés Michel Foucault, con disciplinar al individuo, es decir, se piensa en promover el adiestramiento para producir personas más dóciles y útiles a una determinada sociedad. En Colombia, por ejemplo, la Ley 65 de 1993 dicta que el fin fundamental de la pena es la resocialización del infractor y que esto se alcanza con “el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación” (Artículo 10).

Y aunque las personas en proceso de resocialización, por lo general, no cuentan con altos niveles de educación y están en condiciones de pobreza y marginalidad, muchas de las medidas que se toman en los centros penitenciarios fortalecen al individuo en su proceso formativo pero no logran articular la manera de realmente integrar a las personas a la sociedad, especialmente, cuando se piensa en términos laborales, lo cual incrementa dichas condiciones de vulnerabilidad. Así, tras la liberación, las personas se encuentran con un contexto hostil, porque es probable que hayan pasado mucho tiempo no solo privadas de la libertad, sino también de sus derechos sociales, políticos y económicos e ingresan a un mundo que opera bajo las lógicas de la competencia y la aceleración.

Una de las muestras de esta situación se puede ver en las cifras de Colombia en relación con este tema, pues la reincidencia es un caso común y preocupante. Hoy, uno de cada 5 internos ya había estado en la cárcel por otro delito. En el 2020 fueron 22.781 personas que reincidieron, aunque es probable que haya un subregistro porque muchos de los capturados quedan libres al tratarse, por ejemplo, de hurtos menores.

Si bien la falta de condiciones y oportunidades no son la única razón para que este hecho se dé, sí ocupa un lugar fundamental. Hay otros factores que han sido mirados a profundidad por diversos analistas, como el hecho de que la cárcel puede llegar a ser contraproducente (el ambiente fomenta el delito) por lo que no necesariamente es la mejor alternativa para todos los crímenes o el hecho de que los niveles de impunidad generales superan el 90 por ciento en Colombia. Sin embargo, la inequidad social es el gran detonante.

Ahora, según el Departamento Nacional de Planeación, una de cada dos personas privadas de la libertad puede acceder a un programa de resocialización, mientras que solo el 2,5% de los internos están vinculados a programas de trabajo promovidos por el sector privado. Teniendo en cuenta este panorama, en algunos lugares, especialmente en el ámbito internacional, han surgido propuestas que apuntan a generar posibilidades para que las personas que han sido liberadas del sistema carcelario puedan tener un trabajo digno que las beneficie, pero que también pueda aportar a la comunidad en general. Una de las ideas más potentes para esto es el modelo del cooperativismo.

Cooperativismo para la reintegración

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente”. Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

En diversos países se han pensado cómo las cooperativas, que están basadas en los valores democráticos y en la equidad, pueden ser soluciones sostenibles para aquellos que están en proceso de reintegración a la sociedad; teniendo en cuenta, además, que el sistema económico actual se caracteriza por un mercado inequitativo donde las probabilidades de ingresar como empleado en diversas organizaciones, después de haber estado privados de la libertad, es poco probable; para el abogado Pedro Alejandro Pico Hernández la mayor problemática para quienes salen de algún centro carcelario es, precisamente, la dificultad de ingresar al sistema laboral.

Las cooperativas ofrecen una estructura comercial democrática y una comunidad integrada, una oportunidad viable para las personas que de otra manera son discriminadas en el mercado laboral debido a que tienen antecedentes penales.

Una de las ventajas de las cooperativas no solo radica en la posibilidad que tienen las personas de recibir ingresos económicos, sino también de construir otra red social de apoyo que, por el tiempo pasado en la cárcel, probablemente se vio rota o que es peligrosa, en el sentido, de que puede limitarse a aquellos que influenciaron el acto delictivo. Por otra parte, en algunas cooperativas no solo es posible que se vinculen aquellos que ya salieron que la cárcel, sino quienes se encuentran privados de la libertad, lo cual potencia el proceso de resocialización porque, al salir, pueden continuar participando del colectivo.

Para Patrícia Villela Marino, presidenta del Instituto Humanitas360, una ONG que ha ayudado a estructurar cooperativas, estas son “un modelo de negocio emancipatorio”, que podría llenar los vacíos con los que cuenta actualmente el sistema penal en cuanto a este tema y que, incluso, podría reducir la reincidencia delictiva.

Ideas que se materializan

Un ejemplo de una cooperativa formada y operada por pospenados se encuentra en Washington, Estados Unidos, país que, de por sí, tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (más de 2,2 millones de personas en prisión). Allí, varios pospenados participan de la cooperativa Tightshift Laboring, la cual ofrece una variedad de servicios de trabajo manual, que incluyen limpieza residencial y comercial, transporte y mudanza y que no solo brinda empleo a las personas que salen de la cárcel, sino que también se encarga de capacitar a los recién llegados para que puedan aprender y adaptarse al trabajo.

Otro caso ejemplar se encuentra en Puerto Rico, en donde la Cooperativa de Servicios ARIGOS es conocida como la primera cooperativa del mundo, formada por prisioneros. Esta fue creada por Roberto Luis Rodríguez Rosario quien, cuando tenía 19, fue condenado a 125 años de prisión. A pesar de que otros países han desarrollado cooperativas sociales que tienen como miembros a algunos privados de la libertad; esta organización puertorriqueña, que se dedica la elaboración de artesanías, funciona completamente con internos. Inicialmente este proyecto inició en 1993 como una terapia para manejar las emociones negativas al interior de los centros penitenciarios, terminó siendo una manera de generar ingresos; además, como lo cuenta Rodríguez en la entrevista para Grassroots Economic Organizing , el trabajar con el arte hizo que se produjera algo más importante: que los internos se cambiaron a sí mismos mediante un trabajo constructivo y satisfactorio.

El éxito de la Cooperativa ARIGOS ha dado lugar a cuatro cooperativas de presos en Puerto Rico e, incluso, ha incidido en la transformación de las leyes de ese país que, antes de 2003 no permitía que los privados de la libertad formaran parte de cooperativas. Gracias a su trabajo, lograron que, desde el Senado, se accediera a hacer el cambio.

Otra experiencia significativa y que, además, involucra a mujeres, es la de las internas del Centro de Reeducación de la Mujer (CRF) de Ananindeua, en Belém, Pará, en donde confeccionan ropa y artesanías; quizás lo más interesante es que, al pertenecer a la cooperativa, muchas de las involucradas aseguran que es posible reducir la reincidencia delictiva y fortalecer las fuentes de ingresos de estas internas, las cuales, más de la mitad están ahí por delitos asociados al narcotráfico.

Estos no son los únicos ejemplos, en otros países se han desarrollado también iniciativas parecidas pues, se ha mostrado cómo este modelo puede propiciar herramientas, conocimientos y alternativas útiles para que, tanto la población privada de la libertad como los pospenados puedan generar sus propios ingresos y cualificarse profesionalmente. Con todo este proceso, se pueden sortear los obstáculos de su reintegración a la sociedad, pues al proveer un soporte no solo económico sino social también contribuye a amilanar el estado de indefensión y de estigmatización al salir de la cárcel.